La “política criminal”, necesaria en todo proceso legislativo, es expresión de la determinación de una política estatal para enfrentar la criminalidad, con todo lo polémico del término. Debe entenderse como la voluntad de las fuerzas hegemónicas de un país, vinculadas al desarrollo histórico del Derecho, al contenido científico de lo jurídico y de otras disciplinas como la Criminología, la Filosofía del Derecho, la Sociología Criminal, entre otras, y en esta oportunidad se aportó mucho del saber “cubano” plasmado en investigaciones que desde la Criminología y el Derecho penal, abordaron y recomendaron análisis sobre la “delincuencia” y su mejor manera de enfrentarla. Esto es el nuevo Código Penal cubano, y mucho más.